Una mayoría de catalanes considera que el referéndum ni es válido ni legal

 

 

(El Pais)

 

El rodillo independentista que esta semana ha aprobado en el Parlament tanto la ley del referéndum como la de ruptura, que establece las bases de una futura república catalana, escasea de apoyos entre la opinión pública. Una mayoría de catalanes (56%) considera que el referéndum del 1 de octubre, como está planteado, no puede ser considerado ni válido ni legal. El mismo porcentaje de ciudadanos es partidario de un cambio de estrategia por parte de la Generalitat y optar por la vía negociadora, similar a la del nacionalismo vasco. Los defensores de negociar aventajan en casi veinte puntos a los del referéndum unilateral.

La mayoría independentista del Parlament choca así con los deseos de una buena parte de los catalanes como se ha venido apreciando en los casi dos años que tiene la actual legislatura. El último sondeo de Metroscopia para EL PAÍS, realizado mediante una muestra de 1.000 residentes en Cataluña a lo largo de esta semana, vuelve a reflejar esta disonancia. La mayoría rechaza el fondo y la forma del referéndum como lo plantea el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y le piden que cambie de estrategia. Sin embargo, el Gobierno central no se libra de las críticas, pues el 82% de los catalanes cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha contribuido a reforzar el proceso independentista en vez de debilitarlo.

La idea de celebrar un referéndum sobre el futuro de Cataluña lleva años en la agenda política de los catalanes pero la forma de la consulta que plantea Puigdemont, sin acuerdo con el Estado y sin garantías democráticas, no convence. Solo lo consideran válido el 38% de los catalanes frente al 56% que lo rechaza. Lo significativo es que las dudas, e incluso el rechazo, alcanzan a un porcentaje nada desdeñable de votantes de las dos fuerzas que impulsan la votación: Junts pel Sí y la CUP. El 20% de los votantes de la coalición que agrupa al PDeCAT —el partido de Carles Puigdemont— y Esquerra Republicana —la formación de Oriol Junqueras— cree que el referéndum del 1 de octubre no puede ser considerado legal ni válido a nivel internacional. El rechazo es incluso mayor en la CUP, que con sus diez parlamentarios ejerce de muleta parlamentaria de Junts pel Sí y en muchos momentos ha liderado el proceso independentista. El 26% de sus votantes rechaza que el referéndum se pueda considerar legal.

Como se apreció en los convulsos plenos parlamentarios de los pasados miércoles y jueves, el PP, Ciudadanos y el PSC encabezan el rechazo al referéndum, sin apenas fisuras entre su electorado. Sí las tiene Catalunya Sí que es Pot, la confluencia de izquierdas en la que participa Podemos. Un 15% de sus votantes sí cree que el referéndum puede considerarse legal y válido internacionalmente.

Por edades, los más jóvenes son los más críticos a la hora de admitir que este referéndum pueda ser considerado legal. Lo rechazan dos de cada tres jóvenes de hasta 34 años. Los menos críticos con el planteamiento de la consulta son los adultos de entre 54 y 64 años. Lo rechaza el 53% y lo admite el 42% de los catalanes comprendidos en este grupo de edad.

Lo que produce mayor división de opiniones es la forma, cómo se ha tramitado en el Parlament. La encuesta se realizó el día después de que se votara la ley del referéndum mediante un repentino cambio del orden del día del pleno y dando solo dos horas para que los grupos de la oposición pudieran enmendar el texto. El tumulto que esta situación provocó en el Parlamento catalán y el tira y afloja de más de 12 horas han hecho mella en todos los sectores. El 44% de los catalanes está en desacuerdo en la forma en la que se ha hecho y un 41% la apoya.

Mecanismos de control

No solo ha influido en esta división la, para muchos, delirante sesión parlamentaria, repleta de descalificaciones y con una votación en la que la oposición ni siquiera quiso participar. La ley del referéndum se ha tramitado con un secretismo absoluto y solo fue presentada en julio en un acto al que asistieron los diputados independentistas y posteriormente mediante una puesta de largo en el Teatro Nacional de Catalunya. El texto, pues, no ha seguido ninguna de las tramitaciones habituales para una ley, y, menos aún, con los procedimientos que suelen acompañar las leyes de calado político.

El procedimiento, diseñado para burlar una impugnación previa del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, se ha saltado tantos mecanismos de control que ni siquiera ha podido ser estudiado por el principal órgano fiscalizador de la Generalitat, el Consejo de Garantías Estatutarias. Todo ello provoca que uno de cada diez votantes de Junts pel Sí y de la CUP tampoco compartan la estrategia de sus líderes políticos. De nuevo las discrepancias alcanzan a Catalunya Sí que es Pot, uno de los grupos que ha sido víctima de la estrategia independentista al habérsele privado de buena parte de sus derechos como grupo parlamentario. Pese a ello, el 22% de sus electores defienden la forma de tramitación de la ley.

 

En caso de que el referéndum se llegue a celebrar tampoco convencen a los catalanes las condiciones que fija la ley del referéndum. Según el texto aprobado por el Parlament y ya suspendido por el Tribunal Constitucional, bastaría con que haya más votos a favor que en contra de la independencia para proclamar la secesión. No fija ni mínimos de participación ni ningún tipo de mayoría reforzada para la independencia. Buena parte de esto lo rechaza el 56% del electorado, partidario de que la independencia se pudiera declarar solo si hay más votos a favor que en contra y con una participación “muy elevada”. Este requisito es apoyado, incluso, de forma mayoritaria (52%) por los votantes de la CUP.